En un hito histórico, la Iglesia católica argentina ha anunciado oficialmente el fin del aporte económico proveniente del Estado. La Conferencia Episcopal Argentina informó que el proceso, que se inició hace cinco años, concluyó el pasado 31 de diciembre de 2023. 

Esta decisión implica la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país, sumando en los próximos meses la prescindencia de una contribución a los seminaristas diocesanos y el reemplazo de la ayuda a los párrocos de frontera por un apoyo a obras solidarias.

Aunque el monto del aporte no representaba una parte significativa del presupuesto de la Iglesia, generaba controversia por constituir una contribución constante al sostenimiento de una religión específica en un Estado no confesional, según lo establecido por la Constitución. La asignación, establecida por la ley 21.950 de 1979 durante la última dictadura, se vinculaba al 80% de la remuneración del juez nacional de primera instancia.

En 2018, durante el debate sobre la legalización del aborto, se intensificaron las llamadas a la "separación" entre la Iglesia y el Estado. El entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, expresó la situación ante el Congreso, respondiendo a una consulta de la diputada Carla Carrizo. La Iglesia respondió anunciando un proceso para renunciar al aporte, buscando su autosostenimiento mediante las contribuciones de los fieles.

"Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra", afirmó una circular interna de la Iglesia a comienzos del año pasado.

La decisión de renunciar al aporte estatal fue aprobada en un plenario de obispos en 2018, reflejando un largo debate interno que data de mediados de la década del ’90. Este proceso contribuirá a la independencia del Estado en la Argentina, justo cuando el Papa es argentino.

Del debate por el aborto al "no hay plata"

El proceso de renuncia al aporte estatal no fue inmediato. En los años '90, los obispos ya consideraban esta posibilidad, pero enfrentaban obstáculos para establecer un plan de autosostenimiento eficaz. La falta de habilidad o reticencia para hablar de dinero con los fieles dificultaba el proceso. La percepción errónea de que la Iglesia estaba totalmente financiada por el Estado también contribuyó a la resistencia de los fieles para contribuir económicamente.

El debate se intensificó durante el gobierno de Mauricio Macri, con el impulso de la legalización del aborto. La oposición de la Iglesia generó llamados a la separación entre la Iglesia y el Estado, y se volvió un tema clave en el informe al Congreso de Marcos Peña.

La Iglesia respondió acelerando el proceso de renuncia al aporte estatal y lanzando el Programa Fe, actualmente en vigencia, que cuenta con un fondo compensador para obispados más pobres. Además, se autorizó a todas las religiones reconocidas por el Estado a recibir aportes de los padres de alumnos para el sostenimiento de su culto.

Este paso hacia la independencia financiera llega en un momento en el que el presidente Javier Milei advierte que "no hay más plata". La Iglesia, al renunciar al aporte estatal, gana en autonomía, consumando en gran medida la separación del Estado.