Nuevamente la empresa que moviliza a los Magdalenenses día a día es el centro de atención, no por buenas noticias ni por las bondades de su excelencia en el servicio, sino por un aumento que golpea de lleno en los bolsillos de los usuarios. Éstos utilizan las redes sociales para realizar una catarsis de quejas y análisis sobre el transporte público en el distrito Magdalenense.

El transporte público que mueve a cientos de vecinos los 365 días del año se está volviendo cada vez más un privilegio debido a los constantes aumentos. Éstos generan una suerte de estigmatización o discriminación socioeconómica, englobando a todos aquellos que no tienen la suerte de contar con un vehículo propio como meros “desafortunados”. Pero la pregunta central es: ¿quién defiende sus derechos? ¿Quiénes son los representantes que pueden alzar su voz en defensa de los usuarios? Una dura respuesta tiene esta incógnita: nadie.

Hoy, la movilidad de un distrito a otro, en nuestra región, se está volviendo un privilegio debido a las altas tarifas que se imprimen en cada pasaje. Los laburantes afinan el lápiz para poder solventar su movilidad y continuar manteniendo un trabajo que, en gran medida, se va por un caño para poder viajar. Las escapadas recreativas, culturales y de ocio también se están volviendo un privilegio para aquellos “desafortunados” que no tienen la suerte de contar con desplazamiento propio.

Tenemos que cuestionarnos y debatir sobre el futuro de la conectividad de nuestro distrito, ya sea internamente como con nuestros vecinos. Es una discusión que no se da, pero que pone en jaque algo tan básico para esta altura de la historia como es la accesibilidad universal a la movilidad. El factor económico es el centro de la discusión, pero no debe sacar el foco de factores importantes como las personas con discapacidades y los adultos mayores.

¿Qué papel debería tener el Estado en garantizar la movilidad de la población? Esa es la pregunta central. El Estado debe actuar impávido o ser la voz de los usuarios. ¿Es el transporte público un derecho o un negocio? le planteó la cuestión, resuélvalo usted mismo.

Es certero destacar que el Estado, mediante sus organismos, debe controlar los servicios para garantizar la calidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad del transporte. En oportunidades, estas cuestiones se dejan libradas al azar, y los empresarios, por cuestiones de ganancia, desatienden sus responsabilidades.

Pero el Estado (municipal, provincial y nacional) debe ser un actor central en la planificación y el diseño del transporte, participando en la mesa de discusión y no dejando que las decisiones siempre estén en manos de un CEO empresarial que buscará tener el mayor rédito económico para sus arcas, en detrimento de aquellos los usuarios. La problemática preocupa a nivel local, pero también es obligación decir que es un problema global en Argentina, generando que el transporte público, por los constantes aumentos, se esté tornando en un privilegio afectando directamente a la población. Que también son parte activa en esta discusión y que serán el motor para llamar a la acción a los actores que deben velar por los derechos del pueblo. 

Cristian Ferreyra