El conflicto por el programa de conexiones de gas domiciliario en Magdalena sumó un nuevo capítulo en la última sesión del Concejo Deliberante, donde se reactivó un expediente que involucra a más de 40 familias y pone bajo cuestionamiento el accionar de la empresa Solobra Ingeniería, en el marco de un convenio firmado con el Municipio en mayo de 2025.

Con vecinos damnificados presentes en el recinto, la concejal de Fuerza Patria, Mirna Gurina, expuso en detalle una serie de irregularidades que, según sostuvo, configuran un esquema de cobros sin contraprestación, promesas incumplidas y falta de respuestas concretas.

“Podemos oír un expediente que desde hace casi un año perjudica a más de 40 familias del distrito de Magdalena”, señaló al comenzar su intervención, donde reconstruyó el origen del reclamo y el recorrido institucional del caso.

Según detalló, el conflicto comenzó a visibilizarse en septiembre de 2025, cuando una vecina se acercó para denunciar que en mayo había firmado un convenio y abonado más de $700.000 para una obra de gas que incluía tres bocas de conexión, pero que nunca se concretó. Para ese entonces, la única respuesta de la empresa era “tener paciencia”.

A partir de ese caso, Gurina inició un relevamiento que, según explicó, dejó al descubierto un patrón repetido: vecinos que pagaron sumas importantes sin que las obras se ejecuten o finalicen, y sin canales formales de contacto con la empresa.

“No hay una página formal, no hay dirección de mail, no hay teléfono institucional. El único contacto era un WhatsApp donde respondían cuando querían”, afirmó.

Un programa promocionado como accesible

El plan de acceso al gas fue presentado oficialmente como una propuesta integral y económica, impulsada por el Municipio junto al Sindicato de Gas y Solobra Ingeniería. Incluía la instalación de tres bocas de gas, 20 metros de cañería, materiales, mano de obra y habilitación del servicio, mientras que los vecinos debían abonar $600.000 en concepto de gastos administrativos, con posibilidad de financiación.

El procedimiento contemplaba cuatro etapas: inscripción, verificación técnica, confirmación del servicio y firma del convenio.

Sin embargo, a casi un año de su lanzamiento, la ejecución del programa es el principal punto de cuestionamiento.

Cobros sin obras y promesas incumplidas

Durante su exposición, Gurina aseguró que el relevamiento realizado entre los vecinos evidenció un patrón común: pagos efectuados sin que las obras se hayan concretado o incluso iniciado.

Indicó que, de una lista de 40 vecinos entregada en el marco del expediente, ninguno contaba con el servicio en condiciones reales. Incluso aquellos que figuraban con obras “finalizadas” no tenían la inspección final, requisito indispensable para la habilitación del gas.

“Esos vecinos solo tienen los caños instalados, pero no tienen gas”, explicó.

En otros casos, directamente no hubo avances. “El que más suerte tuvo recibió un WhatsApp diciendo que algún día lo iban a visitar. Pasaron seis meses y nadie apareció”, agregó.

Según los datos aportados, los montos abonados por los vecinos oscilan entre $700.000 y más de $1.000.000, lo que eleva el total estimado a alrededor de $40 millones.

Irregularidades en los canales de contacto y pagos

Otro de los puntos señalados fue la falta de estructura formal de la empresa. “No hay página web, no hay correo institucional, no hay teléfono. Solo un WhatsApp que respondía cuando quería”, afirmó.

Además, denunció inconsistencias en la modalidad de cobro. “Hay vecinos que han transferido su dinero a una distribuidora de agua mineral. Otros pagaron en efectivo dentro de la municipalidad”, sostuvo, lo que abre interrogantes sobre la trazabilidad de los fondos.

DEBATE COMPLETO 

Un expediente resistido

Gurina también cuestionó el recorrido institucional del caso dentro del Concejo Deliberante. Según relató, tras presentar el expediente en la Comisión de Obras Públicas, se intentó archivarlo.

“Pidieron que pase a archivo, una competencia que la comisión no tiene. Fue esconder la basura bajo la alfombra”, expresó. Ante esa situación, decidió avanzar por otras vías, incluyendo el contacto directo con los vecinos afectados y la presentación de nuevas pruebas.

El 21 de diciembre, la concejal formalizó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, donde actualmente el caso es analizado por un equipo de abogados. “Lo hicimos por los vecinos que todavía están esperando la obra del gas en Magdalena”, señaló, y remarcó que el pedido de informes presentado en septiembre no obtuvo respuestas.

El reclamo también pone el foco en el impacto social del incumplimiento. “El invierno pasó y el gas no llegó”, cuestionó, advirtiendo que la situación se repite de cara a un nuevo período de bajas temperaturas.

Cambio de postura del oficialismo

Tras la exposición, el jefe del bloque UCR, Martín Raffo, expresó la postura del oficialismo y confirmó el acompañamiento al expediente.

“Nuestro bloque va a acompañar el pedido de informe”, afirmó, y explicó que inicialmente se optó por continuar con gestiones administrativas antes de avanzar judicialmente.

“Entendíamos que había que seguir gestionando para que se concrete la obra, pero los avances han sido nulos”, sostuvo.

Raffo reconoció que tanto el Municipio como los vecinos recibieron respuestas similares por parte de la empresa. “La única respuesta es paciencia, siempre con excusas distintas pero con pocas concreciones”, señaló.

En ese marco, confirmó un cambio de estrategia: “El intendente ya nos informó que va a iniciar acciones legales porque entiende que las gestiones están agotadas”.

Reunión clave en agenda

En paralelo, fuentes del Ejecutivo municipal confirmaron a DATA que el intendente mantendrá el próximo martes una reunión con directivos del Sindicato de Gas y de la empresa Solobra Ingeniería, en lo que aparece como un intento por destrabar el conflicto y obtener definiciones concretas.

Responsabilidades y reclamos

Durante su intervención, Gurina también apuntó directamente al rol del Ejecutivo. “El intendente tendría que haber ido a la Justicia cuando apareció este expediente”, sostuvo.

No obstante, evitó calificar la situación como un delito específico. “No quiero hablar de estafa porque sería irresponsable, pero acá algo pasa”, afirmó.

“Los vecinos pusieron su sueldo entero para tener gas y hoy no tienen ni el servicio ni la plata”, concluyó.

Con el expediente reactivado, la intervención de la Defensoría del Pueblo en curso, el acompañamiento unánime del Concejo y la posibilidad de acciones judiciales por parte del Ejecutivo, el conflicto por el gas en Magdalena continúa abierto y suma presión para obtener respuestas concretas.