El 15 y 16 de octubre de 2005, una tragedia sacudió al penal de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, dejando un saldo de 33 personas muertas.

 Las víctimas eran personas privadas de su libertad bajo el cuidado del Estado, y murieron encerradas durante un incendio que se desató en el penal. 

Después de más de 17 años, el Estado

argentino ha reconocido su responsabilidad internacional por estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se ha comprometido a implementar medidas para prevenir que hechos tan atroces se repitan en el futuro.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en conjunto con el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), participó en representación de las familias de las víctimas en la audiencia ante la CIDH. Paula Litvachy, directora ejecutiva del CELS, señaló que la Masacre de Magdalena es un trágico ejemplo del desprecio por la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad. El incendio y las muertes fueron el resultado de una política de mano dura que llevó al colapso de las cárceles bonaerenses, con detenidos sin condena y en condiciones inhumanas de hacinamiento. Litvachy también destacó que desde 2005 ha habido otros incendios en prisiones y comisarías en condiciones similares, lo que muestra la vigencia del problema de sobrepoblación y precariedad en el sistema carcelario.

La crisis persiste en la actualidad, con una sobrepoblación que alcanza casi el 100% y más de 4.400 personas alojadas en comisarías policiales, lo que agrava las condiciones de detención y expone a las personas privadas de libertad a situaciones de riesgo.

Litvachy subrayó que los países tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en el marco de la construcción de una sociedad democrática. Esto implica no solo perseguir estratégicamente las conductas criminales, sino también asegurar la dignidad en el castigo y evitar que la privación de libertad se convierta en venganza. La defensa de los derechos humanos exige que no haya más detenidos hacinados o temiendo por su seguridad en incendios, represiones desmedidas o falta de cuidados.

En representación del Estado, participaron Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, y Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Alak admitió la responsabilidad del gobierno de la provincia en las muertes de los 33 detenidos y anunció una serie de medidas reparatorias, que incluyen la creación de un departamento y brigadas de lucha contra incendios en el Sistema Penitenciario provincial.

La comisionada Julissa Mantilla Falcón, relatora para Argentina de la CIDH, celebró el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado argentino.

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