✒️Por Cristian Ferreyra

↪️En un país que se pretende civilizado, el trato que se le da a las personas con discapacidad debería ser un indicador incuestionable del grado de humanidad y justicia de su gobierno. Pero hoy, en la Argentina de 2025, lo que estamos presenciando es un proceso de crueldad institucional sistemática: el Estado nacional ha decidido revisar, y en muchos casos dar de baja, más de 300 mil pensiones por incapacidad laboral, en un accionar cargado de burocracia opaca, desinformación y una alarmante falta de sensibilidad social.

😡El gobierno hace una diferenciación cínica: no se trata —dicen— de pensiones por discapacidad, sino por incapacidad laboral. Una maniobra semántica para recortar derechos. Porque, aunque una persona con discapacidad pueda desempeñarse laboralmente en ciertas condiciones, eso no anula los costos adicionales que enfrenta en su vida diaria, ni su derecho a una pensión si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo lo sabe, pero opta por invisibilizarlo.

📃A quienes hoy tienen una pensión, se los obliga a demostrar, otra vez, que su situación “amerita” recibirla. Pero lo más escandaloso es cómo se está llevando adelante ese proceso: notificaciones enviadas a domicilios antiguos, falta total de especificidad sobre la documentación requerida, plazos imposibles de cumplir por los interminables tiempos de espera en turnos médicos. ¿Cuál es el resultado? La baja automática de pensiones por supuesta “falta de respuesta”. En la práctica, esto es un desmantelamiento silencioso y deliberado de derechos.

🫰Y no se trata solo del dinero. Junto con la pensión, las personas pierden también el acceso al programa Incluir Salud y una obra social, que brinda medicamentos, elementos de apoyo, atención médica, transporte, y otros recursos vitales. Estamos hablando de vida o muerte, de autonomía o encierro, de inclusión o exclusión. Y el gobierno, en lugar de fortalecer esa red de contención, se ocupa de desarmarla.

👉Se estima que 270 mil pensiones serán dadas de baja. A la par, hay medio millón de personas que esperan una pensión nueva y se las entregan con cuentagotas. El derecho está reconocido, pero no se cumple. No hay otra palabra para esto que ajuste, ajuste brutal, sobre los más frágiles, los más indefensos.

💢La situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad es también dramática. El último aumento de aranceles fue en diciembre de 2024 y fue apenas del 0,5%. Una cifra irrisoria que no alcanza ni para cubrir la inflación de una semana. Mientras tanto, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, no responde cartas, ni llamados, ni reclamos. El silencio oficial es ensordecedor.

🥺Hay instituciones que cierran, transportistas que no pueden cargar nafta, profesionales que abandonan el sistema, familias desesperadas que ven cómo se les esfuman las posibilidades de llevar a sus hijos o hijas a una escuela, a una terapia, a una rehabilitación. Talleres protegidos de producción, donde trabajan personas con discapacidad, pagan 28 mil pesos mensuales desde el año 2023. Una cifra miserable. Es evidente que a este gobierno no le interesa incluir, ni proteger, ni asistir. Solo ajustar.

🫂En este contexto desolador, surge el proyecto de Emergencia Nacional en Discapacidad, que plantea soluciones concretas: aumento de las pensiones, reconocimiento del atraso en aranceles, actualización anual basada en datos del INDEC, y la equiparación del ingreso de trabajadores en talleres al salario mínimo. Y no exige emisión monetaria: plantea reordenar partidas presupuestarias para cumplir derechos constitucionales.

🤦Porque el Estado no puede ni debe lavarse las manos, no puede decir “este problema es tuyo, arreglate como puedas”. Las personas con discapacidad no son ciudadanos de segunda. Son sujetos de derechos. El rol del Estado es estar, es acompañar, es intervenir allí donde las condiciones materiales de existencia se vuelven una trampa.

🙎Quienes defienden este recorte con argumentos técnicos o fiscales, deben entender algo muy básico: no se trata de números, se trata de personas. Personas con nombre, rostro, historia. Personas que merecen vivir con dignidad, con apoyo, con reconocimiento. El gobierno que no entienda esto no es solo insensible, es cruel, es injusto, es indigno de representar a un pueblo.

🔏Esta política es un ataque directo al corazón de la inclusión. No podemos permitir que se siga ejecutando en silencio. Es momento de alzar la voz, de exigir que se reviertan estas decisiones, de acompañar el proyecto de emergencia y de dejar en claro que, en democracia, los derechos no se recortan, se garantizan.

📢Porque cuando un gobierno ataca a quienes menos tienen, no está ahorrando: está condenando. Y eso, como sociedad, no lo podemos permitir.