La preocupación por las obras de gas no realizadas en Magdalena sumó un nuevo capítulo con una reunión entre vecinos y autoridades municipales que se llevó a cabo este miércoles, al mediodía, en el salón auditorio del Centro Cultural Abel Barragán. El encuentro permitió exponer la magnitud del conflicto generado por la empresa Solobra Ingeniería, señalada por los vecinos por incumplir los trabajos pese a haber recibido pagos que, en algunos casos, superan el millón de pesos.

La reunión fue encabezada por Esteban Castiglia, jefe de Gabinete, quien abrió el encuentro acompañado por Greta López Dorao, secretaria de Gobierno; Federico Sánchez, director de Producción; el director de Asesoría Letrada del municipio; el concejal de la UCR Martín Raffo y la concejal del interbloque Fuerza Patria, Mirna Gurina, quien participó de la reunión ubicada entre los vecinos damnificados.

En su intervención inicial, Castiglia explicó el accionar del Ejecutivo y sostuvo que “el municipio ha tratado de agotar todas las instancias posibles para arribar a una solución en cuanto al programa de acceso al gas”. Además, remarcó que evitaron avanzar de inmediato por la vía judicial para no extender los plazos: “entendíamos que utilizar la vía judicial de entrada no iba a hacer más que dilatar los tiempos”.

Sin embargo, ante la falta de respuestas de la empresa, el municipio decidió avanzar con una intimación formal: “tomamos una medida hace un tiempo que fue enviar una carta documento intimando a la empresa que cumpla el compromiso”, indicaron.

Diversidad de casos y un número de afectados en aumento

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la confirmación de la diversidad de situaciones entre los vecinos. Según detallaron las autoridades, hay obras no iniciadas, trabajos inconclusos, intervenciones parciales y casos donde sólo se realizaron mediciones sin avances concretos.

En ese marco, se destacó que el número de damnificados es mayor al inicialmente estimado. “Hay más de 40 vecinos”, se había mencionado previamente, pero durante la reunión se deslizó que la cifra podría acercarse a los 100 afectados, en función de registros incompletos y nuevos casos detectados.

Además, se reconocieron dificultades para contactar a todos los inscriptos: “tenemos un registro de toda la gente que se inscribió en el programa y muchos no hemos podido comunicarnos”, señalaron, y pidieron colaboración para convocar a quienes aún no fueron relevados.

Relevamiento caso por caso

La secretaria de Gobierno, Greta López Dorao, tomó la palabra para impulsar un relevamiento detallado mediante planillas individuales. “Necesitamos información para saber la situación de cada uno y el avance”, explicó, al tiempo que indicó que se recopilarán datos como estado de la obra, monto abonado, comprobantes y tipo de solución solicitada.

El objetivo, según remarcaron, es ordenar la información y definir estrategias diferenciadas: “necesitamos agrupar esas situaciones y también las pretensiones de ustedes”, plantearon. Entre los reclamos, algunos vecinos exigen la finalización de las obras, mientras que otros optan por la devolución del dinero, actualizada.

Cuestionamientos y responsabilidades

La bronca escaló cuando varios damnificados denunciaron que confiaron en el programa porque se canalizaba dentro del propio municipio. “¿Cómo entra una pseudoempresa al municipio y nos estafa a todos?”, lanzó una vecina, sintetizando el malestar generalizado.

También se plantearon dudas sobre los controles y el proceso de implementación: En medio del desorden, el Ejecutivo reconoció la magnitud del problema: hay 107 inscriptos en el programa y apenas lograron contactar a poco más de la mitad. “Ayer llamamos a 55 personas durante toda la mañana y muchos ni siquiera tienen teléfonos actualizados”, admitieron, en una escena que categorizaron como “estamos en pampa y la vía”

En ese contexto, surgieron distintos señalamientos vinculados al funcionamiento operativo del programa y a la presencia de personal municipal durante el proceso de inscripción y pagos, aspectos que forman parte de los reclamos que los vecinos buscan esclarecer.

Por su parte, la concejal Mirna Gurina recordó que había advertido irregularidades meses atrás: había impulsado un pedido de informes y una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, señalando la falta de documentación clave de la empresa.

El origen del programa y el rol del sindicato

Desde el Ejecutivo explicaron que el programa fue acercado al municipio por el STIGAS (Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas CAP y GBA), que presentó a la empresa encargada de ejecutar las obras.

“Nosotros actuamos de buena fe, entendiendo que el programa era beneficioso para los vecinos”, afirmaron, y aclararon que el municipio no recibió dinero, ya que los pagos fueron realizados directamente a la empresa.

Con el avance del conflicto, el sindicato se desvinculó de la situación, mientras que la empresa continúa sin brindar respuestas claras. Incluso, se mencionaron mensajes contradictorios enviados a vecinos, donde en algunos casos se prometía devolución del dinero y en otros la continuidad de las obras.

La tensión creció aún más cuando comenzaron a aparecer testimonios directos sobre el parate total de la obra. “El gasista que vino a trabajar me dijo que era el último trabajo porque no les pagaron”, relató un vecino de Atalaya, evidenciando que el conflicto también impacta en quienes ejecutaban las tareas.

Puertas adentro, el municipio enfrenta un dilema incómodo. Funcionarios reconocen que necesitan primero dimensionar “de cuánta plata estamos hablando” antes de definir cualquier salida. La estrategia oficial, por ahora, es evitar el camino judicial, aunque no se descarta como última opción.

En el cierre, remarcaron que el objetivo es encontrar soluciones concretas: “queremos que ustedes tengan gas y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance”, aseguraron, al tiempo que confirmaron que esta fue la primera de varias reuniones para abordar el conflicto.

Por ahora, el municipio apuesta a ordenar el caos caso por caso. El problema es que, para muchos vecinos, la paciencia se agotó. Y la presión recién empieza.