El operativo en la Unidad 26 profundizó la investigación que ya había detectado conexiones con internos alojados en Magdalena.

Tras los primeros avances que vincularon a internos de la Unidad Penitenciaria N° 36 de Magdalena con la muerte de Rodrigo Andrés Gómez, ocurrida el 16 de diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos, la Justicia ordenó un nuevo procedimiento que marcó un punto clave en la causa: el allanamiento de la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos, en La Plata.

La medida fue dispuesta luego de que la Policía Federal Argentina detectara que uno de los acusados por la maniobra extorsiva cumplía condena en ese establecimiento. La causa está a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, quien ordenó la intervención de la División Homicidios y una batería de peritajes para reconstruir lo ocurrido.

En una etapa inicial, los investigadores analizaron el teléfono celular del joven y una carta manuscrita hallada en el lugar, en la que Gómez mencionaba problemas económicos y aludía a presuntos “policías corruptos”. Los peritos realizaron un estudio caligráfico y una extracción forense de datos, lo que permitió reconstruir las comunicaciones previas al hecho y orientar la pesquisa hacia una red extorsiva con base en el sistema penitenciario bonaerense.

El operativo en Lisandro Olmos

A partir de la identificación de uno de los implicados en la Unidad 26 de Olmos, el juzgado ordenó un procedimiento dentro del penal y otros allanamientos en distintos puntos del conurbano. Durante las requisas en pabellones específicos, los agentes secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres y cuatro mujeres vinculados a la estructura investigada. Dos de los hombres estaban alojados en Magdalena y el tercero en Olmos. Todos quedaron imputados por los delitos de “averiguación de causales de muerte” y “extorsión”.

La mecánica de la maniobra

De acuerdo con la investigación, los internos captaban víctimas a través de una aplicación de citas, donde utilizaban perfiles falsos de una supuesta menor de edad para iniciar conversaciones y enviar imágenes íntimas con el objetivo de generar un vínculo.

Posteriormente, otra persona enviaba un audio simulando ser la madre de la menor y exigía dinero. En una tercera instancia, los acusados se comunicaban haciéndose pasar por policías y reclamaban transferencias para evitar una denuncia penal. Los investigadores identificaron al menos otras nueve víctimas bajo el mismo esquema.

El allanamiento en Olmos amplió el alcance de la causa que inicialmente había señalado conexiones con internos de Magdalena, consolidando la hipótesis de una organización que operaba desde distintas unidades penitenciarias y que ahora quedó formalmente bajo investigación judicial.