🏛️ La investigación por la muerte del soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, ocurrida el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización delictiva que operaba desde el penal de Magdalena, con ramificaciones externas y un esquema de roles definido.

📱 El punto de partida fue el teléfono celular de Gómez, cuyo análisis derivó en una trama de extorsiones digitales iniciadas a través de un perfil falso en la aplicación Evermatch. A partir de allí, los investigadores identificaron a una banda con base en cárceles de Magdalena y La Plata, integrada por detenidos y cómplices en libertad.

👥 En el penal de Magdalena, la estructura estaba encabezada por Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, ambos condenados por robo y compañeros de celda en la Unidad N°36. Según la causa, la organización funcionaba con un doble comando, en el que cada líder manejaba su propio circuito de víctimas y operadores externos.

📞 Desde sus celdas, los detenidos coordinaban llamadas, audios y mensajes de WhatsApp, apoyados por una red logística fuera del penal. El análisis de los dispositivos derivó en 55 días de escuchas telefónicas sobre ocho líneas, que permitieron precisar la mecánica y los roles dentro de la banda.

🔊 Una de las maniobras habituales consistía en simular una relación sentimental. Luego, los delincuentes aseguraban que la supuesta interlocutora era menor de edad. En ese punto intervenían una falsa madre y un ficticio policía de la Ciudad, que amenazaban con una denuncia y ofrecían una salida mediante pagos de dinero.

💸 El 15 de diciembre, Gómez recibió múltiples comunicaciones y realizó transferencias por un total de $1,4 millones en poco más de una hora. El primer pago registrado fue de $213.000, enviado a una cuenta vinculada a la familia de Iara Cosentino, pareja de Francavilla, detenida como una de las recaudadoras, junto a Karen Cufré, novia de Duarte Areco.

📑 Cada transferencia era seguida por el envío del comprobante, exigido por la banda. Las comunicaciones se extendieron desde las 12 hasta las 18:38 de ese día. Incluso después de la muerte del soldado, uno de los delincuentes escribió: “No veo el comprobante”, a las 5:25, y lo llamaron tres veces más a las 9.

🧩 Las escuchas incorporaron conversaciones del propio Francavilla desde su celda en Magdalena. En una de ellas afirmó haberle quitado “casi un millón y medio a una víctima de Formosa” y señaló que luego “el pibe se borró”, expresión que los investigadores vincularon directamente con el desenlace del caso.

🔧 Dentro de la organización, Karen Cufré cumplía un rol clave como responsable de la compra de chips y contratación de líneas telefónicas, una función logística central para sostener las extorsiones desde el penal sin ser detectados.

🏢 La pesquisa estableció que la banda utilizaba celulares dentro de las cárceles como herramienta principal y que había engañado a varias víctimas, aunque Gómez fue identificado como un blanco operado por el sector de Francavilla desde Magdalena.

⚖️ La causa fue instruida por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la División Homicidios de la PFA, y culminó con siete detenciones tras los allanamientos realizados el 8 de febrero, que permitieron desarticular la red.

📰 El avance fue confirmado en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la jueza Arroyo Salgado y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes señalaron que la investigación se desarrolló de manera reservada durante más de 50 días y que la organización fue definida como una “PYME del delito”.