📍 La reciente aprobación de la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER) por parte del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Magdalena continúa generando repercusiones. Si bien el proyecto fue aprobado por voto dividido, los bloques de la oposición decidieron no acompañar la iniciativa y expresaron públicamente las razones detrás de su postura. A través de diversos testimonios, desde el Espacio de Pensamiento y Acción (EPA), Unión por la Patria (UxP) y la concejal camporista Laura Molina, coincidieron en denunciar la falta de transparencia, la ausencia de diálogo y una preocupante delegación de responsabilidades por parte del Ejecutivo municipal.

👥 Una herramienta necesaria, pero mal diseñada

Desde EPA, la concejal Camila Daca remarcó que la decisión de no acompañar la ordenanza no fue tomada a la ligera, ya que inicialmente el bloque tuvo voluntad de apoyar el proyecto: “CASER, bien diseñada y con respaldo político, podría haber sido una mejora para la gestión de los caminos rurales. Pero, tal como fue presentada y aprobada por el oficialismo, dejó más dudas que certezas”, señaló.

CAMILA DACA (EPA)

Durante el tratamiento del proyecto, el bloque opositor presentó propuestas orientadas a fortalecer la transparencia en el manejo de fondos y la participación comunitaria, pero según denunciaron, fueron sistemáticamente ignoradas. Entre los puntos más destacados se encuentran:

• La incorporación del intendente municipal como miembro de la Comisión, como muestra de compromiso directo con los vecinos del sector rural.
   

• La garantía de participación institucional de la oposición dentro del funcionamiento de la CASER.
   

• El rechazo a la posibilidad de que la Comisión pueda adelantar el cobro de tasas municipales, medida considerada riesgosa en términos de atribuciones.
   

• La creación de mecanismos de acceso público a la planificación y ejecución de obras rurales.

⚠️ “Queda claro que no hubo voluntad de construir una herramienta consensuada. El oficialismo se negó a debatir, a escuchar y a construir en conjunto”, aseguró Daca. “No podíamos votar algo que no garantice lo mínimo que se le debe exigir a una gestión: participación ciudadana, responsabilidad estatal y transparencia en el uso de los recursos públicos”, concluyó.

📣 Unión por la Patria: “El Ejecutivo evade su rol”

Desde el interbloque de Unión por la Patria, la crítica fue aún más estructural: señalaron que el proyecto representa una forma de tercerización encubierta de las funciones esenciales del Estado municipal.

“El oficialismo pretende delegar el mantenimiento de los caminos rurales a una comisión público-privada que funcionará con fondos del Estado, evadiendo su responsabilidad directa”, expresaron a través de un comunicado. En esa línea, también recordaron que el proyecto fue elevado por la Sociedad Rural de Magdalena al intendente, quien lo remitió al Concejo sin informes técnicos previos que fundamenten la propuesta.

INTERBLOQUE UNION POR LA PATRIA 

UxP también alertó sobre el volumen de recursos que quedarán bajo la órbita de la nueva comisión:

• 80% de la recaudación anual de la Tasa de Servicios Generales Rurales.
   

• 80% de lo recaudado por Lucha y Control de Plagas y por Control de Marcas y Señales.
   

• 100% de subsidios y donaciones específicamente vinculadas a la red vial rural.
   

• 100% de las multas por infracciones al uso de caminos.

🧾 “No nos parece menor que se haya aprobado un esquema de financiamiento tan amplio sin análisis financiero previo ni informes de áreas técnicas. Esto compromete el control del gasto público”, señalaron.

Además, detallaron que junto con EPA habían presentado más de diez propuestas de modificación, pero que el oficialismo avanzó con un “despacho cerrado” que no contempló los aportes de la oposición, ni dio lugar al debate en comisiones. Esta actitud, sostuvieron, refleja una falta de voluntad política para construir consensos.

🗨️ “Estamos convencidos de que el intendente debe hacerse cargo del estado de los caminos. No puede delegar su responsabilidad ni los recursos del Estado. Esta comisión nace como una muestra de incapacidad de gestión”, afirmaron.

🔍 Laura Molina: “Esto se parece a una pseudo privatización del Estado”

Por su parte, la concejal Laura Molina, también del espacio peronista y militante camporista, expresó una postura crítica frente a lo que considera una pérdida de la potestad estatal sobre funciones indelegables: “El mantenimiento de los caminos rurales es una responsabilidad que el Ejecutivo no puede trasladar a una comisión”, sostuvo.

Molina remarcó que en otros distritos existen comisiones similares, pero que operan bajo otro esquema: como consejos asesores, no como entes con autonomía operativa y financiera sobre fondos públicos. En ese sentido, cuestionó la representatividad y el diseño institucional de la CASER:
“Faltan actores del territorio rural en la Comisión. Además, limitaron deliberadamente la participación de espacios políticos que no pertenecen al oficialismo”.

LAURA MOLINA (CÁMPORA)

💬 En su declaración, advirtió: “Los vecinos y vecinas pagan la tasa rural y esperan mejoras. Es el Estado quien debe decidir prioridades, diseñar acciones y administrar los recursos. No una comisión que carece de control y participación plural”.

🧭 Una oportunidad que pudo ser distinta

A pesar del rechazo, la oposición no niega la importancia de abordar la problemática de los caminos rurales, especialmente ante las condiciones críticas que atraviesan muchas zonas productivas del partido. Sin embargo, coinciden en que la forma en la que se aprobó el proyecto es inaceptable.

📢 “Valoramos profundamente las iniciativas que nacen de la comunidad. Pero no podemos apoyar un modelo que excluye el control institucional y la participación plural”, insistieron desde EPA.

Desde Unión por la Patria, reafirmaron su compromiso con una solución real a la crisis vial, pero rechazaron cualquier intento de desentender al Estado de sus funciones esenciales: “El tiempo no ayuda, y el Estado no resuelve. Esperamos que esta comisión, si es que logra funcionar, esté a la altura de la responsabilidad que el Ejecutivo decidió no asumir”.