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22 de abril de 2026

Celulares en la cárcel: el caso Magdalena que obligó a actuar al Gobierno

El Gobierno nacional avanzó con la decisión de bloquear celulares en cárceles federales tras una serie de investigaciones que expusieron maniobras delictivas coordinadas desde el interior de los penales, entre ellas un caso registrado en la Unidad Penal N° 35 de Magdalena.

A través de la Resolución 336/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se autorizó la implementación de tecnología para detectar y anular dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.

El antecedente en Magdalena fue clave: en esa unidad, una banda logró realizar estafas telefónicas que alcanzaron incluso a magistrados de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, operando desde las celdas mediante el uso de celulares.

Tecnología para bloquear dispositivos dentro de las cárceles

La medida apunta a reemplazar los controles tradicionales por un sistema más preciso. Según se informó, permitirá:

  • Identificar cada celular activo mediante IMEI/IMSI

  • Bloquear de forma selectiva los dispositivos detectados

  • Evitar interferencias en las zonas cercanas a los penales

Además, se aprobó un Manual de Procedimiento para que el Servicio Penitenciario Federal aplique estas herramientas dentro del marco legal vigente.

El objetivo: frenar delitos coordinados desde prisión

Desde el Gobierno señalaron la necesidad de cortar las comunicaciones ilegales que permiten a internos seguir delinquiendo, especialmente en casos de estafas, amenazas y organización de robos.

En ese sentido, el caso de Magdalena expuso cómo el celular se convirtió en una herramienta central para la ejecución de delitos, incluso desde lugares de detención.

Si bien la Ley 24.660 ya prohíbe el uso de teléfonos móviles en cárceles, los controles físicos no lograron impedir su ingreso. Con esta nueva estrategia, se busca que todo dispositivo que entre quede automáticamente inutilizado.

La implementación será progresiva. El Ministerio de Seguridad deberá avanzar en la compra de equipos, ajustes técnicos y capacitación del personal, con el objetivo de poner en funcionamiento el sistema en todas las cárceles federales.

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