El intendente de Magdalena mantendrá una reunión clave en medio de denuncias por cobros significativos sin obras, mientras crece la presión política y no se descartan acciones judiciales.

El intendente Lisandro Hourcade se involucrará de lleno en el conflicto por el fallido plan de conexiones de gas en Magdalena, en una reunión prevista para este martes con representantes del Sindicato del Gas , en medio de un escándalo que ya impacta en más de 40 familias.

Según pudo saber este medio, el encuentro tendrá como eje central la controversia por el programa inconcluso de la empresa Solobra que dejó a vecinos sin servicio pese a haber abonado sumas que superan, en algunos casos, el millón de pesos. La reunión aparece como un intento urgente para tener respuestas a una situación incómoda que ya escaló al plano político e institucional.

El caso explotó en el Concejo Deliberante tras la reactivación de un expediente impulsado por la concejal Mirna Gurina, quien denunció un esquema “repetido y sistemático” de cobros sin contraprestación. La situación, que ya fue elevada a la Defensoría del Pueblo, expone un entramado tan difuso como polémico.

Según el relevamiento presentado, ningún vecino de la lista oficial cuenta hoy con el servicio de gas plenamente habilitado. Incluso aquellos que figuran con obras finalizadas carecen de inspección técnica, un requisito indispensable. “Tienen los caños, pero no tienen gas”, resumió Gurina, dejando al descubierto el carácter incompleto del plan.

Pero el dato más sensible pasa por los circuitos de pago. Trascendió que algunos vecinos habrían transferido dinero a cuentas ajenas al rubro, incluyendo una distribuidora de agua, mientras que otros realizaron pagos en efectivo dentro del propio municipio. La falta de canales formales de contacto con la empresa refuerza la sospecha sobre la trazabilidad de los fondos.

El programa había sido presentado como una solución accesible, con financiamiento y respaldo institucional. Sin embargo, a casi un año de su lanzamiento, las obras brillan por su ausencia y el malestar social crece, especialmente tras un invierno que pasó sin respuestas.

En paralelo, el oficialismo comenzó a tomar distancia. El jefe del bloque UCR, Martín Raffo, admitió que los avances fueron “nulos” y confirmó que el intendente evalúa iniciar acciones legales. 

En ese contexto, la cita con el sindicato y la empresa se vuelve un punto de inflexión. No solo por la posibilidad de destrabar las obras, sino por el impacto político de un conflicto que ya erosiona la gestión y abre interrogantes sobre los controles del propio municipio.

Con la Defensoría del Pueblo interviniendo, el Concejo alineado en el reclamo y los vecinos cada vez más movilizados, el caso del gas en Magdalena dejó de ser un problema técnico para convertirse en una bomba política que todavía está lejos de apagarse.