La iniciativa, presentada por la concejal Mirna Gurina, surge luego del hallazgo de bidones fitosanitarios en un arroyo rural y apunta a ordenar el uso, control y disposición de estos productos en todo el Partido de Magdalena.

🚨 Luego del hallazgo de bidones fitosanitarios arrojados en un arroyo bajo un puente del camino a Arditi, situación que generó preocupación entre vecinos de la zona rural y fue oportunamente comunicada a las autoridades, el episodio expuso riesgos ambientales y sanitarios concretos y reactivó el debate público sobre el manejo de este tipo de residuos en el distrito.

🏛️ En ese contexto, la concejal Mirna Gurina, integrante del Interbloque Fuerza Patria, presentó ante el Honorable Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza para la Regulación del uso de Agroquímicos y el tratamiento de residuos fitosanitarios, identificado como Expediente Interno 06/26, como respuesta directa a la demanda de la comunidad de Arditi y zonas aledañas.

🗣️ Desde el espacio impulsor explicaron que “ante la demanda de la comunidad de Arditi y alrededores, dimos respuesta a través de la elaboración de un proyecto de ordenanza que resuelva la problemática reciente”, y remarcaron que se trata de “el primer paso para erradicar y poder controlar estas prácticas”, reafirmando además que “vamos a seguir trabajando por los vecinos de Magdalena, para que Magdalena esté cada vez mejor”.

📄 El proyecto tiene como objetivo central la protección de la salud humana, los ecosistemas y la producción agropecuaria sustentable, mediante la regulación del uso, manejo y disposición final de productos fitosanitarios. Se apoya en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Provincial de Agroquímicos N° 10.699 y normas del Código Civil y Comercial vinculadas a la tutela de bienes colectivos.

📍 La normativa define con precisión los productos fitosanitarios y domisanitarios, e incorpora una clasificación territorial basada en el Código de Ordenamiento Urbano Territorial, diferenciando áreas urbanas, complementarias y rurales, incluyendo en el área urbana a establecimientos educativos rurales y viviendas habitadas.

🚜 Uno de los ejes centrales es la regulación estricta de aplicadores y equipos, con la creación de registros municipales obligatorios para equipos terrestres y aéreos, la exigencia de certificaciones técnicas, y la obligación de documentar cada aplicación, incluyendo condiciones climáticas, productos utilizados y dosis aplicadas.

📏 El proyecto establece distancias mínimas y zonas de exclusión para prevenir la deriva de agroquímicos. Las aplicaciones terrestres quedan prohibidas en áreas urbanas y complementarias, y limitadas en zonas rurales hasta los 100 metros de viviendas, escuelas, huertas y montes frutales. En el caso de las aplicaciones aéreas, la prohibición se extiende hasta los 200 metros de áreas sensibles.

🏫 En relación con las escuelas rurales, la iniciativa dispone que las aplicaciones solo podrán realizarse fuera del horario escolar y con un preaviso mínimo de seis horas al establecimiento. Además, se crea una zona de amortiguamiento de 100 metros, donde solo se permiten aplicaciones terrestres con productos de Banda Verde, previo aviso al Municipio.

🧪 La ordenanza proyectada refuerza el rol profesional mediante la obligatoriedad de la receta agronómica, que deberá ser emitida por un ingeniero agrónomo matriculado, con información detallada del productor, el aplicador, el cultivo y el diagnóstico técnico, y archivada por un plazo mínimo de dos años.

💧 En cuanto al manejo de residuos fitosanitarios, el texto aborda de manera específica la problemática de los envases vacíos, obligando al triple lavado o lavado a presión, prohibiendo su abandono, incineración o descarte en cursos de agua y banquinas, y estableciendo su entrega en centros de acopio autorizados, con medidas adicionales para la protección de recursos hídricos.

⚖️ Finalmente, el proyecto incorpora un régimen sancionatorio progresivo, que va desde llamados de atención y apercibimientos hasta multas, decomisos, suspensiones de registros y clausuras, fijando además la responsabilidad solidaria de propietarios, locatarios y contratistas. El 30% de lo recaudado por multas será destinado a campañas de capacitación, educación ambiental y promoción de Buenas Prácticas Agrícolas, con el objetivo de prevenir nuevos episodios como el ocurrido en Arditi.