🧑‍⚖️ El Espacio de Pensamiento y Acción (EPA) se pronunció públicamente tras el rechazo judicial a la homologación del acuerdo con Shell por el derrame de hidrocarburos frente a las costas del Partido de Magdalena, y presentó un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante para impulsar una nueva etapa de discusión con participación social.

🌊 En su exposición, el EPA señaló que el fallo judicial marca un punto de quiebre en el abordaje del conflicto ambiental y dejó en evidencia un modelo de gestión que intentó resolver el daño desde una mirada exclusivamente económica. Según se indicó, el juez interviniente consideró que el acuerdo firmado en 2009 por 9 millones de dólares fue insuficiente y no reflejó la verdadera dimensión del daño ambiental causado.

🌱 Desde el espacio político se remarcó que no resulta equivalente afirmar que el daño fue reparado, ya que la reparación debe ser real, proporcional y orientada a la recomposición efectiva del ecosistema, con criterios que permitan evaluar integralmente el impacto ambiental.

🏞️ El EPA sostuvo que lo que está en discusión excede el expediente judicial y compromete al Parque Costero, el patrimonio natural del Partido de Magdalena y una oportunidad estratégica para avanzar hacia un desarrollo sostenible con proyección futura.

📄 En ese contexto, el espacio presentó un proyecto de resolución que toma como antecedente el rechazo a la homologación del acuerdo judicial y plantea la necesidad de iniciar una nueva etapa de discusión y construcción colectiva, con legitimidad social y control institucional.

⚠️ En los considerandos, el proyecto define al derrame de hidrocarburos como uno de los hechos de mayor impacto ambiental, social y comunitario de la historia reciente del distrito, con efectos que se proyectan en el mediano y largo plazo y requieren abordajes integrales, transparentes y participativos

.

👥 El texto recuerda que en la causa judicial existieron instancias de participación ciudadana, reconociendo el carácter colectivo del daño y la necesidad de involucrar a la comunidad en decisiones vinculadas a conflictos ambientales de alto impacto.

📜 El proyecto fundamenta su enfoque en los principios del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Ley N° 27.566, que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como en los lineamientos de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

⚖️ Asimismo, se menciona que el pronunciamiento judicial destacó que el ambiente es un bien jurídico de titularidad colectiva y que los acuerdos sometidos a homologación deben ser rechazados cuando resulten contrarios al orden público o afecten derechos de incidencia colectiva.

🔍 El EPA subrayó que el juzgado consideró insuficiente la prueba producida en el proceso, al limitarse a evaluar el estado actual del ambiente, sin permitir reconstruir la entidad, extensión y consecuencias del daño ambiental, ni analizar posibles efectos acumulativos o diferidos.

🏛️ En su parte resolutiva, el proyecto solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que convoque a instancias abiertas, públicas y participativas, con la intervención de organizaciones sociales, ambientales, instituciones intermedias, especialistas, vecinos y vecinas.

📊 También requiere que el Ejecutivo informe al Concejo Deliberante sobre el estado actual de la causa judicial, las estrategias procesales adoptadas, las instancias de negociación desarrolladas y las acciones previstas, junto con la remisión de informes técnicos, pericias y antecedentes administrativos vinculados a la evaluación del daño ambiental.

🗣️ Finalmente, el proyecto afirma que la participación ciudadana constituye un pilar fundamental para fortalecer la democracia local y garantizar decisiones ambientalmente sostenibles, representativas y socialmente legitimadas en el desarrollo futuro de la causa.