La reciente aprobación de la ordenanza fiscal impositiva en Magdalena, luego de un arduo debate en el Concejo Deliberante, dejó en evidencia no solo las tensiones entre el oficialismo y la oposición, sino también el impacto real que las políticas tributarias tienen sobre los ciudadanos y el desarrollo local. Más allá de los tecnicismos y las negociaciones políticas, la discusión de fondo sigue siendo la misma: ¿qué tan sostenible es seguir aumentando la carga fiscal en un contexto de crisis económica?

Desde el oficialismo, encabezado por el concejal Miguel Richero (UCR), se enfatizó que los ajustes impositivos no eran arbitrarios, sino necesarios para garantizar la solvencia del municipio. "No se trata de subir las tasas sin razón, sino de que el vecino comprenda la importancia de su aporte", sostuvo Richero. Su argumento se basa en la necesidad de fortalecer la autonomía financiera municipal, evitando la dependencia excesiva de fondos provinciales o nacionales. Sin embargo, la teoría del "esfuerzo compartido" choca con la realidad económica de los magdalenenses, quienes han sufrido aumentos acumulados de sus servicios generales.

Desde la oposición, figuras como la concejal Daca (EPA) y Laura Molina (Unión por la Patria) denunciaron no solo la magnitud de los aumentos, sino también la falta de transparencia en la formulación de la ordenanza. La oposición señaló irregularidades en los cálculos del Ejecutivo, alertando sobre errores en los montos y cuestionando la coherencia de los aumentos con la situación real de los contribuyentes. "No hay un análisis real del efecto que estos aumentos tendrán en los vecinos", sentenció Daca, al tiempo que advirtió Molina que la política fiscal del municipio podría generar una caída en la recaudación debido a la incapacidad de pago de los ciudadanos.

Uno de los puntos más relevantes del debate fue la eliminación del Artículo 22, que permitía al Ejecutivo aumentar tasas sin la aprobación del Concejo. Este cambio, impulsado por sectores opositores y peronistas dialoguistas, fue una victoria para el equilibrio institucional, evitando que el Ejecutivo tuviera una carta blanca para futuros aumentos automáticos. Según el concejal Martín Castilli, "hoy, si el Ejecutivo quiere aumentar, tendrá que venir aquí y plantearlo con los mayores contribuyentes". Sin duda, este ajuste al proyecto inicial representa un freno a la discrecionalidad en la fijación de tributos.

Otro punto sensible fue la carga tributaria sobre el sector comercial y productivo. Mientras que el oficialismo defendió la necesidad de ajustar tasas para sostener los servicios municipales, la oposición alertó sobre el impacto desmedido en la economía local. La concejal Molina destacó que algunos sectores enfrentarán incrementos de hasta el 250%, poniendo en riesgo la sustentabilidad de muchos negocios. En este sentido, la solución propuesta por el oficialismo de eximir de la tasa a ciertos comercios fue considerada insuficiente y dependiente de decisiones políticas arbitrarias.

El debate también puso en foco la situación de los empleados municipales. El concejal César Fulgione alertó sobre la falta de aumentos salariales para el personal municipal en el primer trimestre del año y la necesidad de garantizar mejoras laborales. En un contexto inflacionario, donde el costo de vida aumenta mes a mes, la ausencia de incrementos en los sueldos genera un deterioro en la calidad de vida de los trabajadores del municipio.

Más allá de los números y los porcentajes, el debate sobre la fiscal impositiva 2025 en Magdalena refleja una problemática más amplia: la dificultad de conciliar la necesidad de recaudación con la capacidad de pago de los contribuyentes. Si bien es innegable que el municipio requiere fondos para sostener sus servicios, también es cierto que una política impositiva agresiva puede generar efectos contraproducentes, afectando a vecinos, comerciantes e industrias por igual.

La discusión no termina con la aprobación de la ordenanza. En los próximos meses, el verdadero impacto de estas medidas se hará visible en los bolsillos de los ciudadanos y en las métricas económicas del municipio. Será responsabilidad del Ejecutivo y del Concejo Deliberante monitorear de cerca la situación y, si es necesario, rectificar el rumbo para evitar que la presión fiscal termine asfixiando a una comunidad que ya enfrenta serias dificultades económicas.