POLICIALES
14 de diciembre de 2023
Bullrich presenta protocolo antipiquetes con fuerza proporcional
En un anuncio que promete cambiar el panorama de las manifestaciones en Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó hoy un "protocolo para el mantenimiento del orden público". Advierte que "si se toma la calle va a haber consecuencias", marcando un claro endurecimiento de las políticas frente a cortes de arterias.
Durante la presentación, Bullrich destacó que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir ante "delitos flagrantes" durante protestas en la vía pública. Subrayó que la ley se aplicará sin medias tintas, utilizando "la mínima fuerza necesaria y suficiente" y esta será "graduada en proporción a la resistencia" que enfrenten.
"Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", advirtió la ministra, dejando en claro la determinación del Gobierno ante manifestaciones que bloqueen la circulación.
Enfatizando la aplicación de la ley, Bullrich anunció que se identificarán "autores, cómplices e instigadores" de delitos durante protestas, incluyendo a quienes corten calles. Además, se destacó la creación de un registro de organizaciones participantes en cortes de vías públicas.
La ministra no dejó espacio para dudas al afirmar que "enviará la factura" a las organizaciones o individuos responsables por los "costos vinculados a los operativos de seguridad". "El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargo del costo", subrayó.
Este anuncio surge en medio de la confirmación de un "paro activo" por parte de la Unidad Piquetera (UP), programado para el próximo miércoles en la Plaza de Mayo. La medida es en respuesta a "los anuncios" del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
El protocolo, que busca poner fin a lo que Bullrich describió como "desorden absoluto" en años anteriores, refleja una firme decisión del Gobierno de hacer cumplir la ley y garantizar la libre circulación de los ciudadanos.
Este cambio en las políticas de seguridad plantea un nuevo escenario en las manifestaciones públicas en Argentina, donde las consecuencias de cortes de calles y rutas serán más rigurosas que nunca.
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