El gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio eléctrico al aprobar un nuevo anexo del convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires. La medida forma parte del análisis iniciado en 2024 para evaluar los costos del sistema de distribución de energía y definir futuras inversiones y tarifas.

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que autorizó el Anexo III del acuerdo con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), organismo dependiente de la Facultad de Derecho de la UBA.

El Ceare brinda servicios de consultoría técnica y económica para el desarrollo de la revisión tarifaria del sistema de distribución eléctrica bajo jurisdicción provincial. El nuevo anexo establece las fases de trabajo, los contenidos, los hitos y los porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso.

El pedido de la Provincia a las empresas

La RTI fue iniciada por la Provincia mediante la Resolución N.º 1133/2024 y contempla diferentes instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema eléctrico.

El objetivo del proceso es conocer en detalle los costos de distribución de las cuatro compañías que operan en territorio bonaerense:
Edelap, EDES, EDEA y EDEN.

Según indicaron desde el gobierno provincial, la revisión busca definir un plan de inversiones que permita garantizar un servicio eléctrico de calidad, actualizar la infraestructura de acuerdo con la demanda actual y reforzar el rol del Estado en el control de las empresas distribuidoras.

Además, el proceso apunta a mejorar los parámetros de calidad del servicio y asegurar tarifas que resulten asequibles para los usuarios, manteniendo criterios homogéneos en todo el territorio bonaerense.

Las etapas de evaluación

Durante la primera etapa del proceso se avanzó con la valuación física de los activos de las distribuidoras y la recopilación de información técnica necesaria para evaluar la prestación del servicio.

La segunda etapa, que ahora comienza a desarrollarse, incluirá el análisis económico y regulatorio del sistema eléctrico.

Entre los puntos a evaluar se encuentran:

• La base de capital de cada empresa

• El requerimiento de ingresos de las distribuidoras

• La definición de un plan de inversiones obligatorio

• La propuesta de una nueva estructura tarifaria

De acuerdo con la documentación oficial, esta fase será clave porque concluirá con un informe final en el que el Ceare sugerirá un nuevo cuadro tarifario.

El cronograma prevé múltiples tareas distribuidas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para alcanzar las conclusiones del estudio.

La resolución también establece que los pagos correspondientes a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez que se verifique el cumplimiento de los hitos previstos en esta segunda etapa del proceso.

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