El rescate de ocho mujeres en un prostíbulo que había sido clausurado en 2003 en La Plata volvió a poner en agenda el debate sobre la trata y la explotación sexual. La causa fue caratulada como “trata de personas mayores”, intervienen la UFI N°1, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, y el Juzgado de Garantías N°6, del juez Agustín Crispo. Hasta el momento, no hay detenidos.

En diálogo telefónico con DATA RADIO, la presidenta de la ONG Red Alto al Tráfico y la Trata, Viviana Caminos, aportó su mirada para comprender el trasfondo del caso y las dificultades estructurales que rodean este tipo de investigaciones.

Viviana Caminos, presidenta de la ONG Red Alto al Tráfico y la Trata: “La Plata es un lugar donde siempre existieron estos espacios. Yo fui directora del programa de rescate a víctimas de trata en la provincia de Buenos Aires y participé en muchos operativos allí. Se desmantelan, pero vuelven a instalarse.”

Según la información difundida, las mujeres —siete argentinas y una paraguaya— eran obligadas a recibir clientes en habitaciones con escasa higiene y se les retenía el dinero. Varias se encontraban en situación de vulnerabilidad por consumo problemático de drogas.

Para Caminos, el consumo es actualmente una de las principales herramientas de captación en la explotación sexual. “El consumo problemático es una forma de reclutamiento. Si no tienen dinero para consumir, se les ofrece la droga a cambio de ejercer la prostitución. No hay un ingreso voluntario, el consentimiento está viciado.”

La titular de la ONG explicó que no todos los casos encuadran formalmente como trata, pero eso no excluye la comisión de delito. “La ley 26.364 no solo castiga la trata, también la promoción, la facilitación de la prostitución y la explotación sexual. A veces no se configura la trata, pero la explotación es delito y tiene pena alta.”

En ese marco, cuestionó la falta de detenidos tras el operativo. “Si comprobaron explotación sexual, tiene que aplicarse la ley. Hay que preguntar por qué no hay detenidos.”

Durante la entrevista, también se refirió a la posible existencia de responsabilidades institucionales. “Sin complicidades estas situaciones no pueden existir. No hablo del Estado en general, sino de funcionarios. Por acción o por omisión. Si un caso no se sigue, si no hay condena, eso también es colaborar.”

La dirigente señaló que en su experiencia en allanamientos, las víctimas suelen estar “adiestradas” para declarar que trabajan en cooperativas o que lo hacen por voluntad propia, aunque luego no puedan explicar cuestiones básicas sobre el funcionamiento del lugar.

Relató además situaciones en las que las víctimas, tras años de manipulación, no reconocen inicialmente su condición. “Después de mucho tiempo recién comprenden que fueron víctimas. Hay una manipulación terrible de parte de los explotadores.”

Sobre el contexto actual, advirtió que no se publicaron estadísticas recientes del Programa Nacional de Rescate en fechas clave como el 30 de julio o el 23 de septiembre, lo que dificulta el análisis de la evolución del fenómeno.

También mencionó que las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en canales frecuentes de captación, especialmente entre jóvenes.

En relación con el caso puntual de La Plata, confirmó que la ONG solicitará información formal para realizar un seguimiento y presentar un reclamo institucional si corresponde.

El operativo se inició tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre el funcionamiento del lugar. Al momento del procedimiento, los responsables no se encontraban en el inmueble y son buscados por la Justicia.

Para quienes necesiten asesoramiento o realizar consultas, la organización dispone de contacto a través de su sitio web: www.rattargentina.com.

El caso continúa en investigación mientras se aguardan avances judiciales.