Por Cristian Ferreyra, Director DATA MAGDALENA

Esta semana la modernización laboral será ley. No es un dato menor. Es la primera gran consecuencia política del triunfo electoral que le permitió al oficialismo construir una mayoría colegiada en el Senado —histórico bastión peronista regional— y consolidar fuerza en Diputados. Es, además, la apuesta estratégica de Javier Milei para intentar reordenar la economía real y el mercado de trabajo.

El Presidente quiere velocidad. Reglamentaciones cerradas antes de fin de marzo. Decretos firmados. Resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Y para mayo, todo en marcha. La lógica es clara: shock normativo, señales al mercado y expectativa de reactivación.

En la superficie, Milei atraviesa su mejor momento político. Mantiene la iniciativa. Logró aprobar la reforma laboral. Avanza con la baja en la edad de imputabilidad. El dólar está relativamente contenido y el FMI respalda el programa. Es el escenario que cualquier presidente reformista hubiera deseado.

Pero debajo de esa arquitectura institucional se mueve otra dinámica: la social.

Durante noviembre y diciembre, la discusión sobre la reforma estuvo atravesada más por consignas que por lectura fina del articulado. Aun así, los números anticipaban tensión. Casi la mitad creía que no generaría empleo; un 43% pensaba que sí. El problema no era solo la eficacia económica, sino la percepción distributiva: la mayoría consideraba que la ley beneficiaba sobre todo a los empresarios; solo cuatro de cada diez creían que formalizaría trabajadores y el 69% entendía que facilitaría despidos.

Las declaraciones de Sturzenegger —con su metáfora futbolera sobre pagar el 50% del salario— tradujeron la abstracción normativa en experiencia cotidiana. Aunque el artículo 44 fue retirado, el daño simbólico quedó. Hasta el jueves pasado, el rechazo alcanzaba el 55%, frente a un 36% de apoyo. Incluso un 20% de quienes votaron a Milei en 2023 manifestó desacuerdo. La reforma, lejos de ser neutra, toca la fibra de su propia base.

El cuadro se complejiza con la apertura importadora y el cierre de empresas. El consumidor celebra precios más bajos. El ciudadano teme por el empleo y la industria nacional. Es la vieja tensión argentina entre eficiencia y protección, que atravesó desde la convertibilidad hasta las experiencias más recientes. Hoy, el 63% cree que la apertura no es lo mejor para el país.

El núcleo duro oficialista minimiza el impacto laboral. Atribuye la destrucción de empleo a la ineficiencia empresaria y a los privilegios estatales del pasado. Confía en que el mercado generará nuevas oportunidades. Algunos incluso hablan de “uberización” como transición inevitable. El problema es que ya un tercio de quienes aprueban la gestión perciben efectos negativos. Y esa percepción, en política, suele ser más determinante que cualquier indicador técnico.

La inflación agrega presión. Leve, pero persistente. Con salarios ajustados, cada punto pesa. El 60% no cree en los datos del Indec y el 56% duda de que el Gobierno logre controlarla. La aprobación converge en torno al 41%, el mismo porcentaje obtenido en las legislativas. La caída de cinco puntos no es dramática, pero sí sintomática. Marca el límite del capital político acumulado.

La modernización laboral será ley. El desafío comienza después. Si la reforma no genera empleo visible en el corto plazo, si la apertura se traduce más en cierres que en oportunidades y si la inflación sigue erosionando ingresos, el triunfo parlamentario podría transformarse en costo social.

Milei consiguió mayoría. Ahora necesita resultados. Porque en la Argentina, las reformas no se miden por su diseño, sino por su impacto. Y el humor social no espera.