💼 El Honorable Concejo Deliberante de Magdalena volvió a poner sobre la mesa un tema sensible y postergado: el cumplimiento de la Ley Provincial Nº 10.592, que establece que al menos el 4% de la planta de trabajadores estatales debe estar integrada por personas con discapacidad.

🖊️ El expediente 112/25, referido al proyecto de comunicado sobre el incumplimiento de la normativa, generó despachos de mayoría y minoría tanto en la Comisión de Salud como en la de Legislación. El debate giró en torno a la necesidad de exigir al Ejecutivo municipal que cumpla con lo estipulado por ley, pero también de ampliar el reclamo hacia los organismos provinciales y nacionales con asiento en el distrito.

🗓️ El origen de la discusión se remonta al 4 de septiembre, cuando familias nucleadas en Magdalena sin Barreras y Madres Padres TEA MGD que presentaron un pedido de informe sobre el cumplimiento del cupo laboral. La respuesta del Ejecutivo confirmó lo que se temía: el municipio está muy por debajo del 4% mínimo legal.

A partir de ese dato, la Concejal Mirna Gurina (Fuerza Patria) presentó un proyecto de comunicado exigiendo el cumplimiento de la normativa. “No se trata de empatía ni de gestos, sino de que se está incumpliendo una ley. Con más de 500 empleados municipales, deberían estar trabajando al menos 16 personas con discapacidad. Hoy ese número no se alcanza”, remarcó.

MOMENTO DEL DEBATE ⤵️

👔 Las posturas dentro del recinto

🫂 Desde la oposición, las concejalas Camila Daca (EPA) y Alejandra Irazú (Fuerza Patria) cuestionaron duramente al oficialismo. Daca señaló que “no existe una política estable en materia de discapacidad” y acusó a la gestión del intendente Lisandro Hourcade de limitarse a presentar decretos aislados “que no forman parte de un plan integral de inclusión laboral”.

En la misma línea, Irazú defendió el espíritu del proyecto original: “El pedido es claro: que se cumpla la ley. No vamos a permitir que se desvirtúe con modificaciones que corren el eje del reclamo”.

Del lado oficialista, la concejal Mariel Semino (UCR) reconoció el déficit en el cumplimiento del cupo, pero pidió “responsabilidad en la comunicación”. Señaló que sería imposible incorporar de manera inmediata a 16 o 17 personas en la planta municipal y defendió una implementación “progresiva”. Además, remarcó que desde 2024 la gestión viene trabajando en la incorporación de nuevos empleados con discapacidad, con cinco ingresos formalizados en dos años.

👉En la misma línea, el concejal Martin Raffo (UCR) destacó que “no alcanza con lo hecho hasta ahora, pero es necesario avanzar en un relevamiento integral de todos los organismos estatales en Magdalena”. Propuso que el pedido se extienda a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la Subsecretaría de Trabajo bonaerense, para obtener datos concretos sobre el cumplimiento en dependencias provinciales y nacionales.

💢Un debate que expuso tensiones políticas y sociales

📖La discusión, que se prolongó con varias intervenciones, expuso tanto la demanda de las familias que reclaman igualdad de oportunidades como las diferencias políticas dentro del Concejo. Mientras la oposición insiste en que el Ejecutivo municipal debe dar el ejemplo y cumplir con la ley sin dilaciones, el oficialismo apuesta a mostrar avances graduales y a ampliar el foco hacia otros niveles del Estado.

🗳️Más allá de las diferencias, todos los bloques coincidieron en que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es un derecho inalienable que debe ser garantizado. La votación dió como aprobado el despacho de mayoría impulsado por la oposición: con 6 votos afirmativos (Gurina, Castelli, Irazú, Daca, Buceta, Peluso)  y 5 negativos (Garayalde, Fleita, Raffo, Semino, Richerro). El Concejal Cesar Fulgione ausente por parte de enfermo.

😔Lo que quedó claro en el recinto es que, después de más de tres décadas de sancionada la ley, el cupo laboral para personas con discapacidad en Magdalena sigue siendo una deuda pendiente del Estado.