😊 En la última sesión del Concejo Deliberante de Magdalena, el Ejecutivo municipal a cargo de Lisandro Hourcade respondió al pedido de informe presentado por la concejal camporista Laura Molina (Unión por la Patria), quien había solicitado datos concretos sobre el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad, tal como lo exige la legislación vigente.

⚖️ El planteo se apoyó en la Ley 10.592 y su modificatoria 14.968, que obligan a todos los organismos del Estado —incluidas las municipalidades— a garantizar un mínimo del 4% de su planta de personal con personas con discapacidad idóneas para los cargos. A este marco se suma la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378), ratificada por Argentina en 2008.

📣 La iniciativa de Molina recogió la preocupación de organizaciones locales como Madres Padres TEA y Magdalena sin Barreras, que vienen reclamando políticas de inclusión laboral en un contexto de desfinanciamiento estatal. “En una sociedad inclusiva, hay que aspirar al pleno empleo de todas las personas con discapacidad que quieran trabajar”, señalaba el pedido de informe.

🔍 El comunicado exigía al Ejecutivo responder interrogantes clave:

• ¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en la Municipalidad?
   

• ¿Qué porcentaje representan sobre el total de empleados?
   

• ¿Se cumple el cupo obligatorio del 4%?
   

• En caso negativo, ¿qué medidas se están implementando?
   

📌 La respuesta oficial, remitida por la Dirección de Recursos Humanos y Empleo, confirmó que actualmente solo 7 agentes están designados bajo la Ley 10.592, lo que representa apenas el 1,24% de un total de 569 empleados municipales. “Esta dirección informa que en la actualidad contamos con 7 agentes designados bajo la Ley 10.592, lo que representa el 1,24%”, firmó María Cecilia Ereñú, directora de Recursos Humanos y Empleo.

🤝 En paralelo, la funcionaria Greta López-Dorado detalló que desde la Oficina de Discapacidad se está diseñando un “dispositivo territorial” enmarcado en el subprograma provincial Apoyo para la Vida en Comunidad. El objetivo: acompañar a jóvenes y adultos con discapacidad en su autonomía, participación social y acceso a oportunidades educativas y laborales.

LA RESPUESTA OFICIAL AL PEDIDO DE INFORME

📚 Este dispositivo prevé un equipo interdisciplinario (trabajadores sociales, psicólogos sociales, acompañantes terapéuticos) que actuará en domicilios, escuelas, espacios comunitarios y laborales, articulando con instituciones y organizaciones para garantizar un acompañamiento integral.

💬 Según el Ejecutivo, la inclusión laboral no se reduce al ingreso formal a un empleo, sino que requiere de “apoyos personalizados, planificación centrada en la persona y articulación comunitaria” para generar condiciones reales de igualdad.

🚨 Sin embargo, los números hablan por sí solos: el municipio no alcanza el 4% exigido por la ley y la diferencia con el 1,24% actual revela un largo camino pendiente. El debate quedó abierto en el Concejo y, sobre todo, en la sociedad civil, que seguirá exigiendo el cumplimiento de este derecho.